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Hace un año, al final de la negociación de la reforma de la PAC 2023, se discutió -a iniciativa del Parlamento Europeo- sobre la necesidad de imponer a los productos agroalimentarios importados desde terceros países las mismas condiciones medioambientales y sanitarias que aplican a los productos europeos. La UE puso, por fin, el foco en una demanda histórica del sector hortofrutícola, ahora secundada por varios Estados miembro como España o Francia. La enmienda sometida a debate por el Parlamento Europeo en el marco de los Trílogos, decía, simple y llanamente:

“Los productos agrícolas y agroalimentarios solo podrán importarse desde terceros países si cumplen normas de producción y requerimientos coherentes con los adoptados, en particular en el ámbito de la protección del medio ambiente y la salud, para los mismos productos cosechados en la Unión”

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